Resumen: Se indica que no todo grupo empresarial conlleva inexorablemente una responsabilidad solidaria de todas las empresas que lo configuran, siendo preciso para que exista un grupo patológico de empresas y para ello según el TS es preciso que concurra alguno de estos elementos: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa aparente; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores y se indica que en este caso no constan hechos que permitan afirmar que concurran algunas de las notas y se han acreditado las causas por existir una situación precaria de la empresa desde hacía varios años y la imposibilidad de la empresa matriz de prestar financiación, lo que provoca la falta de viabilidad de la empresa, no existiendo datos para afirmar la extinción de los contratos derive del Covid-19, indicándose respecto a la antigüedad debatida que se debe examinar en el incidente concursal a través del recurso de aclaración.
Resumen: No puede considerarse falta de proporcionalidad, que no se refiere a la comparación de las penas entre dos ordenamientos jurídicos distintos, el de emisión y el de ejecución, sino a que sólo se utilice el mecanismo de entrega de la orden de detención para hechos graves. El hecho de que el delito de tráfico de drogas esté castigado en Reino Unido con un máximo de cadena perpetua, no quiere decir que esta pena se vaya a imponer al reclamado, constando además en la orden de detención la aplicación de medidas de garantía. La supuesta vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones no puede ser objeto de análisis por la autoridad de ejecución de la orden de detención, sino por el tribunal de enjuiciamiento. La tentativa de adquisición de municiones se encuentra castigada en el ordenamiento jurídico español. El transcurso del plazo de tramitación ordinario sólo tiene como consecuencia ponerlo en conocimiento de las autoridades emisoras.
Resumen: PRIMERO: Se ejercita por la parte demandante, acción de reclamación de cantidad, por importe de 319,96 Euros, en base a los siguientes hechos: los demandantes contrataron con la demandada, con número de reserva DCVMYM, de acuerdo con lo detallado en el Hecho Primero de la Demanda.
Resumen: La Sala deniega la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el el RDLey 8/2020 (Covid19) y comparte la fundamentación del juzgador de instancia. Aplicando el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dado que efectivamente, la trabajadora causó alta en el RETA el 4 de marzo de 2020, solicitando la prestación por reducción de facturación en el mes de mayo de 2020, resulta que el mes de la disminución debía ser el de abril 2020, "...pero la referencia de los seis meses anteriores debe ser a la declaración del estado de alarma, es decir de septiembre de 2019 a febrero de 2020, periodo en los que no tenía actividad, por no estar de alta en el RETA...", de modo que no reunía los requisitos exigidos por la analizada normativa de emergencia". Hay que tener en cuenta que la actividad de la actora no se vio incluida en las que se vieron obligados a cesar en su actividad para los que no se exigía ningún periodo de referencia, sino que, pudiendo continuar con su actividad, hubiesen visto afectada su facturación en, al menos, un 75%, motivo por el cual se hace necesario un periodo de referencia, ya que la finalidad de la prestación extraordinaria es resarcir la pérdida de unos ingresos que se venían percibiendo con regularidad y se hayan visto afectados por la pandemia, hecho que no se produce en este supuesto.
